La Inconstitucionalidad por Omisión y El Estado de cosas Inconstitucionales, como manifestaciones de la Intervención Política del Tribunal Constitucional Peruano, a través de su Autonomía Procesal

Abstract

El Tribunal Constitucional peruano – al igual que otras Cortes de esta naturaleza, en la experiencia comparada – se ha caracterizado por sorprendernos con el raciocinio con el que configura sus sentencias, pues su modo de administrar justicia, casi siempre, tiene consecuencias que inciden en la sociedad en general. De ahí que, consideramos que estas repercusiones sociales nacen a partir del control de los poderes públicos que ejerce nuestro Supremo Intérprete, quien se aboca a intervenir en sus prerrogativas políticas, hecho que solo tiene lugar en un contexto de inestabilidad democrática. En consecuencia, bajo estos términos, podemos afirmar que el Tribunal Constitucional peruano, realmente tiene una connotación política de gran arraigo; máxime si advertimos que la “política”, como término conceptual y metodológico, tiene diversas acepciones que no solo se circunscriben a la idea partidarista, sino que por ella también podemos entender a todas la manifestaciones expuestas por determinadas entidades que se encargan de formular decisiones en nombre del Estado que vinculan a la sociedad, cuya concreción más próxima es la creación de normas o la estructuración de una política pública. Siendo ello así, la naturaleza política del Tribunal Constitucional no debiera generar mayor controversia, sin embargo, existen diversos paradigmas teóricos que refutan esta idea. Además, debemos destacar, que la problemática no se agota en la intervención política que el Tribunal puede protagonizar, pues también crea suspicacia el modo con el que reemplaza a los poderes públicos en su quehacer estatal. Desde nuestra perspectiva, esto se lleva a cabo por la discrecionalidad que le otorga la autonomía procesal, en la creación de figuras procesales Así pues, de la autonomía procesal, han emergido instituciones procesales como la Inconstitucional por Omisión y el Estado de Cosas Inconstitucionales; en función a las cuales, el Tribunal despliega sus atribuciones argumentativas para ser partícipe directo de las decisiones que se toman a nombre del Estado, como la configuración de normas o de políticas públicas; respectivamente.