Fundamentos jurídicos que justifican la regulación sobre disolución, liquidación y extinción de las comunidades campesinas en la normatividad peruana

Abstract

En el Perú las comunidades campesinas gozan de reconocimiento legal y autonomía plena bajo la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley N.° 24656), la cual garantiza su personalidad jurídica y protege su territorio, declarado inalienable, imprescriptible e inembargable.

No obstante, la investigación evidencia una problemática sustancial por falta de regulación sobre disolución, liquidación y extinción de las comunidades campesinas tanto en su ley especial, así como el Código Civil Peruano. Si bien, estas organizaciones comunales cuentan con un marco legal específico, este no contempla disposiciones que regulen el cese de su existencia jurídica, lo que genera incertidumbre legal y conflictos patrimoniales cuando dejan de cumplir los fines para lo cual fueron creadas.

En este orden, el objetivo general del estudio fue determinar los fundamentos jurídicos que justifican la necesidad regulación sobre disolución, liquidación y extinción de las comunidades campesinas. Como objetivos específicos se analizaron tres causales sustanciales como la continuada inactividad de los órganos de gobierno comunal; el incumplimiento de los fines establecidos en la ley y el estatuto; y la traslación del dominio íntegro de las tierras comunales a favor de terceros.

En base a ello, se contrastó y validó la hipótesis, demostrando la necesidad de incorporar un marco normativo claro y coherente sobre disolución, liquidación y extinción de las comunidades campesinas; utilizando un enfoque cualitativo, de tipo básico, con diseño descriptivo, explicativo y propositivo, sustentada en métodos hermenéuticos, dogmáticos y de argumentación jurídica, bajo técnicas como la observación documental y el fichaje.

En tal sentido, los resultados confirman la validez de la hipótesis, demostrando que las causales analizadas constituyen fundamentos jurídicos suficientes para una reforma normativa que regule la disolución, liquidación y extinción de las comunidades campesinas en armonía con los principios constitucionales de la seguridad jurídica, autonomía comunal y protección de la propiedad comunal.