Relevancia de la cuantía en el delito de peculado

Abstract

Siendo que, tanto como la administración y la gestión de los recursos públicos recaen en los funcionarios o servidores del Estado. Estos deben estar al servicio de la sociedad; y actuar guiados por el interés común. Pero la realidad contemporánea y el triste ejemplo de regímenes corruptos, que durante nuestra historia antigua y reciente nos han aquejado como cáncer que destroza las entrañas de nuestro sistema social; han determinado que nuestros legisladores se vean obligados a mostrar una preocupación constante para proteger la función Estatal. Es por ello que, el Estado busca proveer de una Administración Pública, tanto leal como eficiente, que sirva al ciudadano y no se sirva éste de él; por lo tanto, debe afianzar y proteger su correcto desempeño. Siendo así, se abren dos frentes de combate; uno que es el Derecho Administrativo Sancionador y otro más grave y subsidiario viene a ser lo que le corresponde al Derecho Penal. Siguiendo esta línea de ideas, el Estado tiene sus propios entes controladores, que se han dotado de una serie de procedimientos internos de control para proteger la Administración Pública o los intereses del Estado, del mal comportamiento de sus agentes que infringen la normatividad interna de cada Institución Pública. Por ello, el Derecho Penal como medio de control conminatorio y represivo es un medio fragmentario de actuación, es decir, significa un último recurso aplicable cuando la gravedad del hecho resulta intolerable e importe un acto doloso. Sin embargo, vale hacerse la pregunta: ¿El Derecho Penal protege realmente los intereses de la administración pública?, más aún si se advierte que esta rama del Derecho actúa cuando ya se ha cometido el delito, es decir, cuando la lesión al bien jurídico ha sido ya producida, entonces surge la interrogante: ¿Lla norma penal está protegiendo eficaz y eficientemente los intereses estatales? Y sobre la base de que, en el mundo del Derecho, existen temas tan polémicos que merecen una dedicación exclusiva por parte de los juristas, doctrinarios y toda la comunidad jurídica en general, para tratar de buscar una solución práctica a la problemática que, muchas veces, se da en la interpretación y aplicación de determinadas instituciones o teorías al campo del Derecho. Es que nos embarcaremos en el estudio de la praxis del delito de peculado, centrando principalmente el enfoque en la importancia de la cuantía mínima del bien o caudal defraudado de éste referido delito.