El proceso de desalojo en relación con el contrato de arrendamiento que lleva inserta la cláusula de allanamiento futuro, las consecuencias de sus modificatorias, y la necesidad de nuevos mecanismos y criterios procesales

Abstract

En la actualidad, apreciamos un comercio inmobiliario en el que personas que cuentan con ingresos económicos altos e interés de inversión, los destinan a la construcción de viviendas con el propósito de darlas en arrendamiento, por otro lado algunas personas que tienen un espacio adicional en sus viviendas y necesitan algún ingreso extra logran su objetivo dando en arrendamiento este espacio, teniendo en cuenta la gran demanda de vivienda cómoda y a bajo costo en la actualidad; sin embargo, en este contexto aparentemente beneficioso, como es el hecho que una persona que alquila una vivienda a otra persona a cambio de una cantidad de dinero, se convierte en un tema conflictivo en el momento que el arrendatario (persona que usa el bien), por alguna causa no puede cumplir con su obligación, retrasándose en el pago acordado, y el arrendador no pueda recuperar su bien con facilidad a falta de mecanismos inmediatos, pese a ser el legítimo propietario. El arrendador como parte de la relación contractual, que pretendía generar un ingreso adicional con el arrendamiento del bien, se ve perjudicado por aquella persona que ha incumplido con sus obligaciones, convirtiéndose en un inquilino moroso, que afecta los legítimos derechos del arrendador, es por ello que deberían existir mecanismos legales y procesales que le permitan recuperar su bien de una manera más rápida y eficaz. Es así que, en los intentos por solucionar esta problemática, el legislador ha buscado mecanismos con el objetivo de consolidar un desalojo más rápido y efectivo; sin embargo, en la realidad las normas no han logrado la finalidad y eficacia requerida puesto que los requisitos para que se restituya el bien al arrendador en un periodo de tiempo relativamente corto no se aprecia en la realidad por el contrario genera costos y tiempos excesivos, constituyéndose la propia norma en un aval para que el arrendatario pueda seguir ocupando el bien pese a no haber cumplido con su obligación contractual de cancelar la merced conductiva. Si bien el Estado se ha preocupado en brindar mecanismos jurídicos para lograr un equilibrio entre el arrendador y el arrendatario, sigue siendo evidente la problemática que vive la parte más vulnerable, el arrendador, ya que el mismo, al momento de intentar recuperar la propiedad de su bien no encuentra un mecanismo eficaz que le permita recuperarlo, a pesar que dicha persona es el legítimo propietario, pero que, por no existir un ordenamiento jurídico eficaz que le permita recuperar legítimamente su bien, de manera rápida se ve obligado a recurrir a la vía judicial, lo que conlleva demasiado tiempo, viéndose perjudicado con ello, y permitiendo que el arrendatario cuente con mecanismos que le permitan seguir en el bien, por ende es que el legislador ha intentado promover un proceso eficaz para el desalojo; sin embargo, ha generado desconcierto entre la población, confusión en los mecanismos de solución y muchas veces aceptando el abuso del derecho por parte del arrendatario. Ante ello, es que mediante el presente trabajo analizaremos dicha problemática actual respecto de los contratos de arrendamiento que llevan inmersos la cláusula de allanamiento futuro, y la situación que ha generado a partir de la modificatoria con la Ley N° 30201, la implicancia del IV Pleno Casatorio Civil y el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil del año 2017, sobre la regulación del poseedor precario y el desalojo express, los cuales, a nuestro parecer deben de ser analizados nuevamente y establecer nuevos mecanismos que permitan mejorar la situación de arrendador frente a un arrendatario que ha incumplido sus obligaciones y que se encuentra renuente a la entrega del bien a su legítimo propietario, ya que el arrendador no encuentra una vía rápida y eficaz para hacer prevalecer sus derechos de propiedad que le son inherentes, y que se encuentra consagrados en la Constitución Política del Perú.