Afectación de principios de relevancia constitucional con la prohibición de la valoración diferente de la prueba personal en segunda instancia en el proceso penal peruano

Abstract

La razón de esta investigación fue determinar los principales principios de relevancia constitucional que estuvieran siendo afectados por el efecto prohibitivo de la norma contenido en el artículo 425, numeral 2 del Código Procesal Penal peruano, al señalar que la Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera instancia. Se proyectaron como principales principios de relevancia constitucional afectados que, además de justificar la presente investigación, sostuvieran la propuesta de cambio normativo en el Código Procesal Penal vigente, los siguientes: la proscripción de la arbitrariedad en la decisión judicial; la tutela jurisdiccional efectiva en su manifestación de decisiones fundadas en Derecho; el plazo razonable, el derecho de defensa; y la seguridad jurídica en la administración de justicia. Con el fin de verificar la hipótesis se propuso analizar si la norma prohibitiva, materia de discusión, afecta tales principios recurriendo a la metodología, tipos y métodos de investigación, además de técnicas e instrumentos de investigación propios del campo del Derecho. El resultado general de este estudio fue establecer que los principales principios sugeridos, constituyen principios de relevancia constitucional al significar valores protectores de derechos fundamentales del ser humano; y que son afectados por la norma prohibitiva, al no estar acordes con un Estado Constitucional de Derecho, ya que si no es posible contar con un efectivo control endoprocesal, no existe posibilidad de tutela jurisdiccional efectiva que proteja al justiciable de decisiones judiciales arbitrarias. No acceder a una doble instancia desnaturaliza el derecho de apelar, limita el derecho de defensa, así como la oportunidad de un mejor derecho probatorio en un plazo razonable, acarreando inseguridad e incertidumbre jurídica en la administración de justicia y en todo el sistema normativo; por ello, urge una modificatoria legislativa que proteja derechos fundamentales en tanto significan valor y dignidad de un ser humano.