Criterios jurídicos para la regulación de la prueba ilícita en el proceso laboral peruano

Abstract

Desde el nacimiento de la prueba ilícita en la jurisprudencia de los tribunales norteamericanos, se fue concibiendo la idea de que este tipo de prueba no puede ser admitida en el proceso judicial, debiendo apartarse del material probatorio; criterio que fue adoptado progresivamente en los diversos ordenamientos jurídicos, y con ello se fueron desarrollando diversas teorías doctrinarias y jurisprudenciales que versan sobre su naturaleza y fines.

En tal sentido, si bien el sistema procesal laboral peruano como refiere Arévalo (2024) se funda en el sistema probatorio de la sana crítica, en el cual el juez realizar una valoración conjunta de las pruebas, utilizando para ello su apreciación razonada y sus conocimientos; sin embargo, en la praxis judicial se han presentado supuestos en los cuales las partes procesales cuestionan la licitud en su obtención, y analizada la actual normatividad procesal laboral, específicamente la Ley N.° 29497, se advierte que no se encuentra regulada, situación que genera una incertidumbre jurídica para los justiciables, pues los órganos jurisdiccionales emiten pronunciamientos disimiles sobre la admisibilidad de esta figura procesal, lo cual repercute en la solución de los casos que ante su jurisdicción se invoquen.

Es por ello que la tesis se ha centrado en analizar la actual normatividad procesal laboral nacional y comparada, jurisprudencia y doctrina, a fin de establecer los principales fundamentos jurídicos aplicables en la regulación de la prueba ilícita en el proceso laboral peruano.

Cabe indicar que la presente investigación es de tipo básica, en la cual se utilizaron los métodos generales de investigación analítico, sintético, inductivo, deductivo y comparativo, y los métodos especiales de la hermenéutica y el argumentativo; llegando a establecer que los principales fundamentos jurídicos aplicables en la regulación de la prueba ilícita en el proceso laboral peruano son: i) el concepto restringido de la prueba ilícita, como garantía del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, establecida en el artículo III del Título Preliminar de la NLPT; ii) el carácter residual de la prueba ilícita, con base al principio de veracidad, establecido en el artículo I del Título Preliminar de la NLPT; iii) las excepciones a la regla de la exclusión de la prueba ilícita, con base en el derecho a probar como parte integrante del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva establecida en el artículo III del Título Preliminar de la NLPT; y iv) el test de ponderación de derechos, como garantía del principio de proporcionalidad, establecido en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú.