Fundamentos jurídicos para la inscripción forzosa de la maquinaria pesada para la minería en el registro de bienes muebles de la superintendencia nacional de los registros públicos

Abstract

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar los fundamentos jurídicos que sustentan la inscripción forzosa de maquinaria pesada destinada a la actividad minera en el Registro de Bienes Muebles de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (en adelante, SUNARP). Esta propuesta surgió ante la problemática existente en el marco normativo peruano, el cual no regula expresamente la obligatoriedad de registrar este tipo de bienes, vacío legal con implicancia en la fiscalización estatal que, a su vez, enerva la seguridad jurídica y posibilita que dichas maquinarias sean empleadas en actividades mineras ilegales sin posibilidad de rastrear su propiedad. Para abordar este estudio, se aplicaron los métodos analítico-sintético y dogmático, a través de los cuales se examinó la normativa vigente desde un enfoque jurídico, evaluando su relación con principios fundamentales como la seguridad jurídica, la publicidad registral formal y el rol del Estado en el control de las actividades extractivas. El análisis permitió evidenciar que la ausencia de un régimen de inscripción obligatorio limita significativamente el accionar de las autoridades frente a la minería ilegal. Como propuesta, se planteó que la inscripción forzosa de maquinaria pesada permitiría identificar a los propietarios de los equipos encontrados durante las intervenciones estatales; de esta manera, se desincentivaría su uso en operaciones al margen de la ley y se fortalecería el control sobre la circulación de bienes estratégicos en el sector minero. Finalmente, se concluyó que la implementación de un régimen de inscripción obligatoria para la maquinaria pesada representa un mecanismo jurídico idóneo para garantizar la seguridad jurídica, reforzar la publicidad registral formal y xv mejorar la fiscalización estatal, contribuyendo directamente a la prevención del uso ilícito de dichos bienes y al establecimiento de responsabilidades legales claras sobre su tenencia y utilización.