Efectos de la regulación permisiva para la interposición de medidas cautelares cuyo objeto sea impedir, paralizar o retrasar el inicio o continuidad de la ejecución de obras

Abstract

El literal e) del numeral 1 del artículo 85 de la Ley N.º 32069 ordena la improcedencia de las medidas cautelares que buscan impedir, paralizar o retrasar el inicio o continuación de la ejecución de obras en salud, educación, infraestructura vial y saneamiento, y la gestión y conservación por niveles de servicio para el mantenimiento vial. Al ser una disposición numerus clausus, en los procesos arbitrales donde se ventilen controversias relacionadas a la ejecución de obras, el Tribunal Arbitral se encontrará habilitado para conceder medidas cautelares incluso si afectara el resultado que se busca a fin de satisfacer la necesidad de la población. Por esta razón, la investigación se concentró en analizar los efectos que generaría esta regulación permisiva en la interposición de medidas cautelares sobre la ejecución de obras públicas y el ordenamiento jurídico en el que se lleva a cabo. También se analizó los principios de eficacia, eficiencia y economía como contenido de la maximización del uso de recursos públicos, a la vez, la finalidad pública de las contrataciones del Estado y la razón privada que sustenta la formulación de medidas cautelares a favor del contratista en la relación jurídica Estado-contratista, llegando a obtener como resultado que, efectivamente, estos principios y criterios de la Ley N.º 32069 se ven vulnerados o sustraídos por el interés privado del contratista, impidiendo que el Estado pueda lograr resultados en sus metas programadas, concretizar la maximización del uso de recursos públicos y sobre todo alcanzar la finalidad pública que sustenta las contrataciones del Estado; por ello, en la investigación se determinó que la improcedencia de las medidas cautelares se debe ampliar a las obras en todos los sectores en que se desarrollen.